Violencia de género: buscan que el Estado pueda actuar sin que la víctima denuncie

Sociedad
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Los delitos -lesiones o abusos sexuales- cometidos en un contexto de violencia de género pasarían a ser de instancia pública. Eso propone el proyecto de ley que presentó este martes a

la prensa el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el de Desarrollo Social, y que, según explicaron desde esa cartera, se hará llegar en los próximos días al Congreso Nacional. En rigor, de aprobarse el proyecto, ya no hará falta que la víctima de violencia de género ratifique una denuncia para que el Estado -a través del Poder Judicial o la Policía- intervenga.

En caso de que el proyecto se convierta en ley, la denuncia por las lesiones o los abusos ocurridos en el contexto de violencia de género podrá radicarla quienes se enteraran del hecho: familiares o amigos de la víctima, un vecino, un compañero de trabajo, el entorno del victimario. A la vez, en caso de que funcionarios públicos del ámbito educativo, asistencial, social o de salud tomaran conocimiento de delitos en los que mediare la violencia de género tienen la obligación -por el carácter de instancia pública de estos hechos- de formular la denuncia.

"La violencia machista y el patriarcado nos llevan siglos de ventaja: es importante que el Estado dé herramientas a las víctimas y a quienes conocen su situación, y que después acompañen a esa víctima durante todo el proceso. El círculo de violencia muchas veces hace que una mujer quiera retirar una denuncia: al ser de acción pública el Estado deberá investigar", dijo Fabiana Túñez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, durante la presentación.

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"Lo lógico es que, como este proyecto introduce modificaciones al Código Penal, se trate en el Congreso cuando se trate el cambio generalizado de ese Código. Pero si eso se demora, para acelerar esta iniciativa, podría tratarse, entrar en vigencia y luego introducirse al Código", sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según estadísticas del Ministerio de Seguridad, sólo el 16 por ciento de las víctimas de femicidio de 2017 habían radicado una denuncia policial o judicial por violencia de género. La misma cartera informó en febrero de este año que dos de cada tres mujeres víctimas de un homicidio doloso son asesinadas en un contexto de violencia de género.

"Muchas veces una víctima no hace la denuncia porque siente vergüenza, culpa o porque está inserta en un círculo de violencia. En muchos casos también no encuentra empatía por parte de quien le toma la denuncia, y eso debe estar resuelto a través de la implementación de la Ley Micaela, que obliga al Estado a dar capacitación en género a todos sus funcionarios. Es una gran deuda del Estado que se investiguen todas las denuncias por violencia de género sin que haga falta la ratificación de la víctima", sostuvo Carolina Barone, coordinadora del área de Políticas de Género de la cartera de Seguridad.

Ante la consulta de Clarín, el director de Evaluación de Proyectos, Leyes y Decretos del Ministerio de Seguridad, Álvaro Aquino, sostuvo que los funcionarios públicos que no cumplan con la obligación de denunciar en los casos en los que tomen conocimiento de una situación de violencia de género estarán alcanzados por el artículo 248 del Código Penal, que sanciona el incumplimiento de esos deberes. Ese artículo prevé entre un mes y dos años de prisión y hasta el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer esas tareas.

"La concepción antigua de las leyes entendía a la violencia de género como algo que ocurría entre las cuatro paredes de una casa. El Estado ya no lo puede entender así", sostuvo Bullrich. Según cifras de Seguridad, el 72 por ciento de los femicidios ocurren en la vivienda de la víctima. Entre 2008 y 2018, según la organización civil Casa del Encuentro, hubo 2.952 femicidios en Argentina.