Caso Provolo: para la Justicia, los delitos contra menores no prescriben

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El paso del tiempo no aplica como manto de impunidad para los delitos sexuales. Esta sería una interpretación posible del reciente fallo de la Justicia platense que confirmó la "imprescriptibilidad"

de las causas por abuso contra menores del Instituto Provolo de La Plata.

El dictamen de la Cámara Penal de Apelaciones rechazó un pedido de sobreseimiento por "extinción de la acción penal por prescripción" que pidieron los abogados de José Angel Britez, detenido por abuso y violaciones reiteradas contra un alumno de ese centro educativo para sordos. Britez es profesor de Informática y era preceptor entre 1981 y 1990, cuando se registraron reiterados episodios abusivos contra uno de los alumnos, Daniel Sgardelis, quien por entonces tenía 8 años.

Fue un fallo dividido. Los jueces Carlos Arguero y Fernando Mateos coincidieron en que diversos tratados internacionales y una reciente legislación del Congreso establecen que los delitos contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes no prescriben. El magistrado Ricardo Szelagowsky votó en disidencia: argumentó que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece la "irretroactividad de la ley penal". Sostuvo que desde la finalización de la comisión del delito (1991) hasta que se inició la investigación pasaron "más de 12 años sin que se registren actos que interrumpan el curso de la prescripción".

En avenida 25 y 47 de la capital bonaerense funciona una filial del Provolo, un establecimiento didáctico especializado en hipoacúsicos. A fines de 2016, la fiscalía especial a cargo de Cecilia Corfield inició una investigación sobre el funcionamiento del centro educativo, después de que se conociera que los sacerdotes Nicolás Corradi y Horacio Corbacho --actualmente juzgados en Mendoza acusados por abuso sexual de varios hipoacúsicos del Instituto Próvolo de esa provincia-- también habían trabajado en la delegación platense.

El Instituto Provolo de La Plata. (Mauricio Nievas)

El Instituto Provolo de La Plata. (Mauricio Nievas)

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Sgardelis fue uno de los principales testigos de la causa. Casi cuatro décadas después de su paso por las aulas del Próvolo relató a los instructores detalles de los abusos. La investigación incluyó varias inspecciones y secuestro de material administrativo.

Los dos sacerdotes y Britez trabajaron en la misma época en el instituto. La fiscal -y luego en un dictamen el juez de Garantías, Jorge Moya Pasinello- comprobó los abusos mientras Corradi "fue la máxima autoridad entre 1970 y 1997". En el proceso que se sigue en los tribunales platenses, Corradi quedó imputado de abuso sexual simple agravado por su condición de ministro del culto católico y encargado de la guarda, por el grave daño en la salud de la víctima y reiterado en al menos tres hechos. También por abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado en por lo menos cinco hechos en su calidad de partícipe necesario". Al cura Eliseo Pirmati, hoy en Italia y con pedido de extradición, lo acusan de abuso sexual simple agravado por su condición de culto religioso, en tres hechos al menos; exhibiciones obscenas y promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada.

En Italia. Eliseo Pirmati, el sacerdote al que le pidieron la extradición.

En Italia. Eliseo Pirmati, el sacerdote al que le pidieron la extradición.

Entre otras maniobras abusivas, Corfield constató que las vejaciones se concretaban los sábados, "día en que disminuía el número de alumnos internados y sólo quedaban los que no tenían familia". El Provolo funciona como internado.

Britez fue detenido en Posadas, Misiones, el 23 de abril de este año. En los 80 llegó a la ciudad capital para estudiar en la universidad. Trabajó como auxiliar docente y de acuerdo con las pruebas reunidas quedó procesado por abuso sexual simple agravado por su condición de guardador educador, abuso sexual con acceso carnal reiterado en al menos cinco casos y corrupción de menores. Está alojado en una cárcel platense.

Los defensores argumentaron que los hechos ocurrieron a partir de 1982, que desde entonces nunca se planteó una denuncia ante organismos judiciales, nacionales o internacionales y que la descripción de los hechos es "difusa" por el paso del tiempo.

Los camaristas Mateo y Arguero fundamentaron su rechazo en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió en 1990. También argumentaron que la Ley de Respeto a los Tiempos de la Víctima (27.206), sancionada en 2015, permite a los menores víctimas "denunciar cuando llegan a la adultez y cuando están en condiciones de hacerlo".

"Los derechos de niños, niñas y adolescentes deben prevalecer por encima de otros derechos o intereses igualmente legítimos", plantean en su dictamen los magistrados que votaron por la imprescriptibilidad. Además sostienen que las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad" a las que adhirió nuestro país también amparan a los menores víctimas.

En la fiscalía de Corfield aseguran que el fallo contra Brítez puede ser aplicable a la situación procesal de los curas. Pirmati, de 82 años está alojado en un asilo en Italia y la fiscal ya inició el trámite de extradición ante la Cancillería.

La Plata. Corresponsal

AS