En Estados Unidos denuncian que los alcoholímetros no son confiables

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En Estados Unidos, cada año se detiene a un millón de personas por manejar en estado de ebriedad. Al cabo de una batería de pruebas que pueden incluir pararse en un

pie o recitar el alfabeto, los conductores soplan hacia adentro de un laboratorio científico en miniatura que estima la concentración de alcohol en sangre. Si el nivel es de 0,08 o más alto, casi seguro se los acusa de haber cometido un delito. En Argentina, en la mayoría de los distritos, el máximo permitido es 0,5.

Pero estos tests —piedra angular del sistema de justicia penal en EE.UU.— muchas veces no son confiables, según muestra una investigación del New York Times​. Los aparatos generan resultados distorsionados con alarmante frecuencia, aun cuando se los comercializa como si tuvieran precisión hasta el tercer lugar decimal.

Jueces de Massachusetts y Nueva Jersey se han desprendido de más de 30.000 tests de alcoholemia solo en los últimos 12 meses, en gran parte debido a errores humanos y supervisión negligente del gobierno. Por todo el país se han invalidado miles de otros tests en los años recientes.

Los dispositivos de medición son instrumentos científicos sensibles y en muchos casos no han sido calibrados adecuadamente, por lo cual entregan resultados en ocasiones un 40% más altos. El mantenimiento está a cargo de departamentos policiales con estándares mal hechos y falta de experiencia. En algunas ciudades los técnicos de laboratorio han utilizado soluciones químicas vencidas o caseras que alteran los resultados. Y peritos técnicos han encontrado también errores de programación serios en el software de los artefactos. 

The New York Times entrevistó a más de cien abogados, científicos, ejecutivos y oficiales de Policía e inspeccionó miles de páginas de expedientes judiciales, archivos corporativos, e-mails y contratos confidenciales. El conjunto revela la profundidad de un problema nacional que solo esporádicamente ha atraído la atención.

Los tests se han vuelto casi inevitables. En todos los estados de EE.UU. se castiga a los conductores que se resisten a hacérselos cuando un agente lo indica. Las consecuencias de que el sistema legal se apoye en estas pruebas son de largo alcance. A cientos de personas no se les ha notificado que su penalización se basó en tests fallidos. Y al descubrirse las fallas, la solución ha sido descartar los resultados, dejando libres de culpa a conductores potencialmente peligrosos.

Algunos aparatos manuales tienen baterías de combustible que reaccionan al alcohol de las exhalaciones y generan una corriente eléctrica proporcional al grado de alcoholemia. Baratos y de mantenimiento sencillo, sus resultados pueden ser irregulares: ciertas mujeres mayores no pueden soplar con fuerza suficiente para hacerlos funcionar; la pasta de dientes, el enjuague bucal, las mentitas para el aliento e incluso el eructar pueden anular la medición. Los tests de estos equipos portátiles no se admiten en los tribunales de la mayoría de los estados, pero alcanzan para motivar un arresto y una nueva prueba en otro aparato en la seccional de Policía.

Un control de alcoholemia en Buenos Aires. Foto: Germán García Adrasti

Un control de alcoholemia en Buenos Aires. Foto: Germán García Adrasti

En la mayor parte de EE.UU. el umbral de ebriedad ilegal es de 0,08 gramos de alcohol cada 100 mililitros de sangre. La única manera de medirlo directamente es extrayendo sangre, lo cual requiere una orden judicial. Los tests de alcoholemia a partir del aliento son más simples. Los aparatos y máquinas para hacer las pruebas cuestan US$ 10.000 o más y en Estados Unidos los venden unas dos docenas de empresas. Los contratos más grandes, con laboratorios criminológicos estatales, ascienden a millones de dólares.

Una compañía de St. Louis, Intoximeters, produce el dispositivo portátil Alco-Sensor IV y la máquina Alcotest 9510. CMI, radicada en Kentucky, es otro líder de la industria. La empresa alemana Dräger posee los derechos de la marca Breathalyzer, nombre comercial de un aparato popularmente conocido como Drunkmeter (Borrachómetro) que hacia fines de la Ley Seca creó el fotógrafo policial y químico amateur estadounidense Robert Borkenstein.

Las tentativas de prevenir el manejo en condición de ebriedad preceden al automóvil moderno. Ya a fines del siglo XIX Inglaterra declaró ilegal conducir “un coche, caballo, ganado o un motor a vapor” estando borracho. Con su venta a departamentos de Policía de todo el país el “borrachómetro” de Borkenstein resultó un éxito comercial, que a raíz de un choque fatal se expandió más tarde a otras empresas que fabricaban dispositivos para pruebas de embriaguez.

CMI e Intoximeters no contestaron numerosos pedidos de que comentaran la situación actual en su rubro. “Nuestros avanzados instrumentos probatorios de medición de alcoholemia a través del aliento exceden los requerimientos de organismos reguladores nacionales e internacionales”, dijo en cambio Brian Shaffer, vocero de Dräger, cuyo equipo Alcotest 9510 se asemeja a un aparato de fax con una pequeña manguera. Al soplar por ella, un rayo de luz infrarroja mide el contenido alcohólico del aire que ingresa.

Los abogados forenses han intentado reiteradas veces examinar legalmente los aparatos para tests de alcoholemia, en especial su software. Inspeccionar el código informático puede revelar defectos de fábrica o presunciones que los dispositivos usan para sus cálculos. Sin embargo, hasta obtener uno de estos dispositivos es difícil. Los fabricantes no los venden al público. Los tribunales de por lo menos seis estados han rechazado tentativas de abogados defensores de acceder al código de las máquinas.

Pero en 2007 la Corte Suprema de Nueva Jersey ordenó que Dräger permitiera que el software de las máquinas Alcotest 7110, de uso en todo ese estado, fuese analizado por expertos externos. En el informe a la Corte, los expertos dijeron que el aparato tenía “miles de errores de programación”.

Después de revisar la evidencia, la Corte consideró que el Alcotest 7110 era un equipo “por lo general confiable científicamente”. Pero también admitió que tenía “deficiencias mecánicas y técnicas” que podían generar un resultado erróneo. Dräger afirmó que había arreglado rápidamente los problemas, aunque el Estado nunca develó la actualización del software. Ahora Dräger publicita al 7110 como el único equipo del mercado cuyo software “ha sido examinado por terceros independientes y aprobado mediante una decisión de la Suprema Corte”.

Nada de esto marcó diferencia alguna en otros estados, que emplean toda una variedad de aparatos y normas y deciden con qué rigor van a evaluar los equipos. Varias jurisdicciones han empleado dispositivos juzgados poco confiables en otras partes.

Un control de alcoholemia en Pinamar, el último verano. Foto: Andrés D'Elía

Un control de alcoholemia en Pinamar, el último verano. Foto: Andrés D'Elía

Florida, por ejemplo, adoptó el Intoxilyzer 8000 de CMI —calificado “insatisfactorio” por el laboratorio toxicológico de otro estado, Vermont— aun después de que en una prueba la máquina hiciera un cortocircuito y empezara a humear. Al cabo de modificaciones técnicas inicialmente encubiertas y derivaciones legales del caso, ésta y otras causas judiciales hicieron que distintas autoridades de Florida dejasen de permitir que los tests por alcoholemia a través del aliento se utilizaran en sus tribunales. El juez del condado de Collier escribió al respecto en un dictamen: “El acusado de un delito no puede enfrentarse a una condena y posible encarcelamiento en base a evidencia secreta no comunicada”.

Cuando el estado de Washington decidió reemplazar sus máquinas viejas en 2009, la policía estatal eligió la Alcotest 9510 pese a un informe de su propio especialista científico que indicaba que esos equipos “no estaban listos todavía para su implementación”.

En 2015, un juez local hizo lugar a un pedido efectuado por abogados defensores para examinar el software que sustenta las Alcotest del estado, con su sistema operativo obsoleto Windows CE. La tarea recayó en los veteranos programadores y expertos en seguridad Robert Walker y Falcon Momot, quienes tras algunas semanas de diseccionar el código de la Alcotest redactaron el borrador de un informe: “Diseño defectuoso = Duda razonable”. Planeaban profundizar más, pero las cosas se complicaron cuando en una convención compartieron el informe con abogados defensores.

Dräger le envió a Walker una carta exigiendo que Momot y él le indicaran a cualquiera que tuviese una copia del informe que la destruyese —incluidos los abogados que los contrataron— y mantuviera silencio acerca del funcionamiento interno de los aparatos. Frente a una empresa gigantesca, Walker sintió que no tenía otra opción que hacer caso. “Soy una hormiga yo”, dijo.

En el informe constaba que la Alcotest 9510 “no es un instrumento de medición científica altamente desarrollado” y que “no se ajusta a normas de medición básicas”. Había referencia a un error de cálculo que Walker y Momot pensaban que podía redondear hacia arriba algunos resultados. Y se mencionaba que determinados resguardos habían sido deshabilitados.

Antes de que el estado de Colorado adquiriera más de 160 aparatos Intoxilyzer 9000 nuevos en 2013, un técnico de laboratorio, Michael Barnhill, puso a prueba diversos dispositivos de una cantidad de fabricantes. Convocado al juicio de un conductor damnificado —Robert Friedlander—, Barnhill testimonió que su gerente le había ordenado destruir los registros de esas pruebas, así como el manual de los Intoxilyzer por si los abogados del conductor trataban de que se los presentara como evidencia.

El laboratorio de Colorado trabajaba contra reloj a fin de cumplir con su plazo para que los aparatos entraran en funcionamiento. Pero los dispositivos para detectar alcoholemia no se pueden usar de inmediato. Hay que calibrar cada uno empleando muestras con concentraciones de alcohol conocidas. El proceso puede insumir una hora o más por máquina. Barnhill dijo que los registros del laboratorio se adulteraron para mostrar que él había calibrado decenas de instrumentos que nunca tocó. Y para acelerar las cosas, el supervisor del laboratorio convocó asistentes no calificados, como un practicante, un abogado de CMI y un gerente de ventas, con el propósito de que dieran una mano.

Además, la ex directora científica del laboratorio afirmó en una declaración jurada que se había usado su firma digital sin conocimiento de ella en documentos que certificaban que los Intoxilyzers eran fiables. El laboratorio siguió empleando su firma digital después de que ella se fuera a otro trabajo.

Todos los problemas se “han resuelto hace mucho”, dijo el director de laboratorio del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, Scott Brookman. “Estoy plenamente comprometido con la transparencia y la precisión, y vamos a actuar con esos principios rectores al frente de todo lo que hagamos.” El conductor enjuiciado Robert Friedlander, sin embargo, es escéptico. “Los aparatos que están utilizando afectan materialmente a la gente, y a estos burócratas de laboratorio, que defienden sus pequeños feudos, no parece importarles un pito si son precisos o no”, sostiene.

Al ser empleado para dirigir el programa de pruebas de alcoholemia del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., la primera orden de trabajo de Ilmar Paegle fue testear sus Intoxilyzers. Oficial retirado de la Policía de Parques de EE.UU., Paegle quedó anonadado: todos los equipos daban resultados demasiado altos de entre un 20 a un 40%. Lo más probable es que tal descubrimiento, en 2010, significara años de análisis erróneos en perjuicio de conductores inocentes declarados culpables.

El predecesor de Paegle, Kelvin King, que supervisó el programa 14 años, había ingresado en los aparatos datos incorrectos que los descalibraban, de acuerdo con una declaración jurada de Paegle y un juicio iniciado por conductores afectados.

Por otra parte, Paegle detectó que los productos químicos que usaba el departamento para que funcionaran las máquinas estaban tan viejos que habían perdido potencia y, en algunos casos, King había elaborado sus propias soluciones químicas. (King todavía trabaja para el Departamento de Policía Metropolitana. Una vocera de la institución dijo que el oficial no estaba disponible para hacer comentarios.) Entendiendo que los aparatos no habían proporcionado resultados fidedignos durante por lo menos una década, Paegle los sacó de servicio. Y alertó al fiscal general de la ciudad, cuyo organismo sanciona los casos de conductores bebidos. La ciudad dejó de recurrir a los tests de alcoholemia por aliento para nuevos procesos, aunque solo admitió problemas en los casos que se retrotraían a 18 meses. Pero también habían sido sancionadas otras más de 700 personas a quienes se les habían hecho tests con resultados inflados, de las cuales la mayoría se había declarado culpable por creer, erróneamente, que los fiscales disponían de pruebas científicas infalibles de que estaban borrachas.

Junto a otros combates legales relacionados, en Massachusetts, distintos abogados defensores de acusados por manejo en estado de ebriedad consolidaron sus casos en una sola acción y asediaron los tribunales estatales con demandas de más información sobre los equipos Alcotest 9510 de Dräger. En 2016 la corte de mayor jerarquía en ese estado dictaminó que Massachusetts debía proveer dos aparatos Alcotest y que los abogados de la defensa podían contratar expertos para que los examinaran. La decisión provocó parálisis. Los fiscales congelaron miles de casos hasta que la inspección terminara.

Expertos en software y científicos que analizaron las máquinas Alcotest 9510 encontraron en ellas fallas alarmantes, según sus informes al tribunal. (Dräger culpó por un error a sus programadores informáticos y dijo que ahora ese error está solucionado.) Pero los aparatos no fueron el único problema. Plagado de escándalos por resultados de análisis de drogas adulterados y manipulación de evidencias, el laboratorio forense de Massachusetts carecía de un procedimiento escrito para calibrar y testear los equipos, en virtud de lo que testimonió su director técnico.

El juez que intervino en la causa, Robert A. Brennan, consignó que el laboratorio no podía probar que hubiera seguido una “metodología científicamente confiable” y en 2017 se deshizo de todos los resultados de tests de alcoholemia basados en aliento desde 2012 hasta 2014.

Eso fue solo el principio. Pronto los abogados descubrieron que el organismo había escondido el registro de cientos de calibraciones fallidas. El descubrimiento provocó una investigación estatal que derribó la dirigencia del laboratorio por “serios errores de evaluación”.

Más adelante el juez Brennan amplió su orden previa: no se admitiría ningún test del laboratorio hasta que lo acreditase un consejo nacional que supervisara los laboratorios forenses. Ocho años de tests —más de 36.000, según los abogados defensores— quedaron de pronto fuera de alcance.

Casi 29.000 de los tests de Massachusetts ya se usaron para condenar conductores. Este mes el estado empezará a informar a los defensores que pueden pedir un nuevo juicio y los abogados se preparan para un torrente de peticiones, al igual que en Nueva Jersey, donde más de 13.000 personas fueron halladas culpables en base a pruebas de alcoholemia con aparatos mal calibrados. Entre ambos estados hay por lo menos 42.000 condenas en riesgo. Miles de otros acusados fueron absueltos en casos que los fiscales creen que hubieran ganado ellos de haber podido contar con su evidencia más poderosa.

Y el reconocimiento de los problemas con los tests se expande. En tribunales de todo el país los jueces no dejan de desestimar casos individuales en los que surgen cuestiones sobre la precisión de las pruebas.

“Si vamos a poner gente en la cárcel, quitarles la libertad, sacarles la licencia, tenemos la obligación de ser certeros”, sostuvo Joseph Bernard, abogado defensor que representa en Massachusetts a decenas de acusados por la misma causa.

Pero hay un costo. Tirar a la basura decenas de miles de tests de alcoholemia defectuosos inevitablemente va a dejar que algunos conductores peligrosos vuelvan a las calles.

“No nos engañemos”, aclaró Bernard. “No le digo que esa situación no se vaya a producir. Por supuesto que se va a producir. La cuestión es, ¿quién tiene la culpa?”.

Traducción: Román García Azcárate

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