Ordenaron el desalojo de los Tribunales de Morón por una deuda de alquiler de casi 6 años

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La Justicia ordenó a la Justicia desalojar el edificio en el que funcionan tres Tribunales Federales de Morón por considerar que los términos en los que ocupa ese inmueble "no se

condicen con la legalidad". Es que, según denunció el titular del edificio de Crisólogo Larralde 673/675/67 de esa localidad bonaerense, el contrato de alquiler establecido con el Consejo de la Magistratura venció en mayo de 2013 y desde febrero de 2014 -hace más de cinco años- el dueño no percibe ningún pago por el uso del inmueble.

Un fallo del 31 de octubre de la Sala II de la Cámara Federal en lo Contencioso y Administrativo da lugar al reclamo de Jorge Azariu, dueño del inmueble, luego de que la resolución en primera instancia le resultara contraria. Según el fallo de la Cámara al que tuvo acceso Clarín, el Consejo de la Magistratura cuenta con 180 días hábiles procesales para trasladarse antes de que se produzca el desalojo de la calle Crisólogo Larralde.

Las fuentes consultadas en los tribunales que funcionan en ese edificio explicaron que no podían dar definiciones respecto de a dónde trasladarán esas oficinas del Poder Judicial. El fallo de la Cámara es contundente: "Lo expuesto autoriza a razonar que pocas situaciones resultan más paradojales en un Estado de Derecho guiado por la racionalidad, que pretender se imparta justicia sobre un sustrato físico cuyo uso importe, intrínsecamente, una denegación de justicia o una renuncia conciente a la vigencia de la legalidad", afirma.

Según consta en el documento al que accedió Clarín, Azariu ya había solicitado el desalojo ocho veces. El mismo texto, que da cuenta de una demanda contra el Estado Nacional, el Poder Judicial y el Consejo de al Magistratura, explica que lo que se juzgó fue la "ocupación indebida" del inmueble, que resultó probada, según entendieron los integrantes de la Cámara.

Durante el proceso judicial, que según el expediente demoró más de tres años en resolverse, "se ordenó librar oficio al Consejo de la Magistratura para que informe si habían realizado gestiones en torno a la situación que dio lugar a la presente causa, el resultado de aquéllas y la indicación de las decisiones adoptadas". La Justicia no obtuvo respuesta sobre este requerimiento.

El fallo también explica que se instó a un plenario del Consejo de la Magistratura a que evaluara y aprobara "una resolución tendiente a impulsar ante el Honorable Congreso de la Nación la expropiación por causa de utilidad pública". Ese procedimiento, que habría habilitado dicha expropiación para que los tribunales siguieran funcionando en ese edificio de Morón, no progresó.

Fue durante este procedimiento judicial que el Consejo de la Magistratura emitió su resolución Nº 217/19 para declarar la emergencia en materia de infraestructura edilicia en las dependencias del Poder Judicial de la Nación. Esa declaración no fue suficiente para que la Sala II de la Cámara Federal en lo Contencioso y Administrativo sostuviera la decisión que se había tomado en primera instancia, que no avalaba el desalojo.

"La disponibilidad de infraestructuras adecuadas, valga recordarlo, necesariamente se halla supeditada a la vigencia del principio de legalidad", sostiene el fallo. Y suma: "Se verifica una concreta afectación del ejercicio pleno del derecho de propiedad respecto de quien resulta ser titular del dominio del inmueble". Con la decisión tomada, la Justicia le puso plazo a la Justicia para que acate su decisión: los 180 días ya empezaron a correr.

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